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En su artículo de opinión para el Colorado Springs Gazette, el comentarista político libertario y profesor Barry Fagin acusó a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por su sigla en inglés) de intentar conseguir un bien público mediante medios privados, cargando innecesaria (e inconstitucionalmente) a los ciudadanos particulares con el costo de su aplicación y cumplimiento.
Un vistazo al costo
El costo elevado es un punto delicado clave en la aplicación de la ADA, incluso para quienes están comprometidos con la no discriminación por motivos de discapacidad. Veamos el ejemplo de los USD 18 000 que le cuestan a las empresas de autobuses interurbanos equipar un solo autobús con un elevador para sillas de ruedas.
Sin embargo, la otra forma de verlo es que no debería permitirse la venta de un autobús si no tiene ascensor. Entonces, no se vería como un elemento añadido.
La ADA beneficia a todo el mundo
De todas formas, cualquier intento de reducir la ADA en específico (y los derechos de las personas con discapacidad en general) a “ser amable”, un acto obligatorio de caridad de muchos hacia unos pocos importunos, ignora de manera deliberada dos realidades inevitables.
En primer lugar, la discapacidad no es una clase fija poblada por unas pocas personas “desdichadas”. La discapacidad es una de las clases más numerosas y protegidas por la ley con mayor afluencia, en la que es más fácil pertenecer a medida que envejecemos, nacemos o vivimos minuto a minuto, enfrentando nuestros cuerpos humanos a la inmensidad del universo.
En segundo lugar, las adaptaciones o modificaciones relacionadas con la discapacidad rara vez delimitan el impacto positivo a una población concreta; suelen beneficiar a grupos imprevistos. La empresa que a regañadientes ensancha los pasillos de las franquicias bajo la presión de quienes utilizan sillas de ruedas descubre a su debido tiempo que aumentó su popularidad entre los grupos más numerosos y las madres con cochecitos, para su beneficio. El municipio que instala rampas para discapacitados motrices, incluso en los edificios más apartados, tiene el agradecimiento de los repartidores y el personal de emergencias por igual, ya que estos trabajadores encuentran un entorno más fácil por el que desplazarse en el transcurso de sus arduas tareas. Las aplicaciones de reparto de comida, antes ridiculizadas como una preocupación del primer mundo de las personas con discapacidad, se catapultan a una gran relevancia cuando una pandemia cambia la definición misma de normalidad. En esencia, las adaptaciones y modificaciones que se desestiman como “amables” con las personas discapacitadas son, de hecho, la puerta de acceso al tan de moda principio del diseño universal.
Además, se especula con que el aumento del poder adquisitivo como contribuyentes y consumidores de las personas con discapacidad con igualdad de acceso a todos los ámbitos de la sociedad compensaría los costos asociados a ese mayor acceso.
Mayor accesibilidad
A pesar de que el diseño universal beneficia a la población en general, los avances en materia de accesibilidad fueron lentos desde la firma de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades en julio de 1990. Nosotros, como personas no videntes o con visión reducida, podemos abogar por una mayor accesibilidad. Necesitamos solicitar señalizaciones para peatones accesibles en los cruces iluminados que cruzamos para ir y volver del trabajo, la escuela o el banco. Debemos comprar en tiendas con sitios web accesibles. Podemos poner de nuestra parte para aumentar la accesibilidad para nosotros mismos, para otras personas no videntes o con visión reducida y para la población en general.